Ciudad Juárez, Chih.– La intención de endurecer multas, arrestos y trabajo comunitario contra quienes tiren escombro, basura o realicen quemas clandestinas en la vía pública abrió un nuevo debate entre regidores, luego de que Antonio Domínguez Alderete se opuso a la propuesta al considerar que las sanciones podrían golpear con mayor fuerza a la ciudadanía que a las grandes empresas generadoras de desechos.
La discusión surgió durante la reunión conjunta de las comisiones de Servicios Públicos y Gobernación, donde se presentaron modificaciones al Reglamento de Aseo Urbano y al esquema de Justicia Cívica, con el objetivo de cerrar el paso a los tiraderos clandestinos que deterioran la imagen urbana, contaminan espacios públicos y representan un problema recurrente en distintos sectores de Ciudad Juárez.
Aunque la propuesta fue planteada como una medida correctiva para frenar una práctica que agrede a la ciudad, Domínguez Alderete advirtió que el dictamen debe revisarse con mayor profundidad para evitar que el peso de la sanción recaiga sobre particulares, mientras las empresas de mayor capacidad económica podrían enfrentar consecuencias menos severas o contar con mecanismos para evadir el impacto real de las multas.
El planteamiento presentado por los regidores contempla elevar las multas económicas, ampliar las horas de arresto y aplicar trabajo en favor de la comunidad cuando una persona sea sorprendida en flagrancia tirando escombro, basura o materiales de construcción en zonas no autorizadas.
Actualmente, el reglamento contempla sanciones de hasta 18 horas, pero con las reformas se busca que puedan alcanzar hasta 32 horas de servicio comunitario, conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Justicia Cívica. También se analiza la aplicación de multas de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización, como parte de una estrategia para inhibir la reincidencia y fortalecer la capacidad sancionadora del Municipio.
Durante la mesa de trabajo, integrantes de la Comisión de Gobernación solicitaron el documento completo para revisarlo desde el punto de vista jurídico, operativo y administrativo, antes de avanzar hacia un dictamen que eventualmente sería turnado al Cabildo para su discusión y votación.
El punto de quiebre fue la proporcionalidad de la sanción. Mientras algunos regidores consideran necesario endurecer el reglamento para detener el abandono de residuos en calles, lotes baldíos, arroyos y espacios comunitarios, Domínguez Alderete planteó que la norma debe diferenciar entre un ciudadano que comete una falta y una empresa que genera grandes volúmenes de escombro o desechos por actividades comerciales, industriales o de construcción.
La oposición del regidor no fue contra la intención de limpiar la ciudad ni contra el combate a los tiraderos clandestinos, sino contra el riesgo de que el reglamento termine aplicándose de manera pareja en casos desiguales, sin tomar en cuenta la capacidad económica, el volumen de residuos y la responsabilidad de los grandes generadores.
El problema del escombro en la vía pública se ha convertido en una herida urbana para Juárez. En distintos sectores, los desechos de construcción, muebles viejos, basura doméstica y quemas clandestinas afectan la movilidad, provocan focos de infección, obstruyen espacios públicos y obligan al Municipio a destinar cuadrillas, maquinaria y recursos para retirar materiales que fueron abandonados de manera ilegal.
La modificación al Reglamento de Aseo Urbano busca convertir las sanciones en una herramienta de ordenamiento y prevención, pero el debate en comisiones dejó claro que el proyecto deberá blindarse jurídicamente para evitar vacíos, discrecionalidad o castigos desproporcionados.
Los regidores deberán definir si las nuevas medidas se aplicarán con criterios diferenciados para ciudadanos, comercios, constructoras y empresas de mayor escala, además de establecer mecanismos claros de inspección, flagrancia, reincidencia y reparación del daño.
Una vez concluido el análisis técnico y legal, la propuesta podría integrarse en un dictamen para ser presentada ante el Cabildo, donde se decidirá si Juárez avanza hacia sanciones más duras contra quienes ensucian la ciudad o si el proyecto será modificado para garantizar una aplicación más justa y equilibrada.
De aprobarse, el Municipio tendría mayores facultades para sancionar a quienes contaminen calles y espacios públicos; sin embargo, la discusión dejó sobre la mesa una advertencia política: combatir el escombro no debe convertirse en una carga desigual para el ciudadano común, mientras los grandes generadores de residuos quedan bajo un trato menos severo.
